Un 10% de los miembros de la fuerza resultaron desafectados, luego de las tareas llevadas a cabo por la Auditoría General de Asuntos Internos.
Un total de 9.236 policías bonaerenses fueron apartados de la fuerza y 52 uniformados fueron cesanteados entre el 10 de diciembre de 2015 y el 30 de abril de este año, con la actual gestión de gobierno de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.
Fuentes oficiales revelaron que en la Provincia, desde que María Eugenia Vidal es gobernadora y Cristian Ritondo ministro de Seguridad los números son contundentes, ya que un 10 por ciento de los miembros de la fuerza resultaron desafectados, luego de las tareas llevadas a cabo por la Auditoría General de Asuntos Internos, dependiente de esa cartera.
En ese sentido, desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 15 de marzo de 2018, se iniciaron sumarios a 20.813 efectivos, de los cuales 9.236 fueron aparatados, 1.717 suspendidos y 625 terminaron detenidos por diferentes causas de corrupción, crimen organizado, narcotráfico y otros.
Asimismo, en la fuerza bonaerense se iniciaron 740 sumarios por enriquecimiento ilícito, aunque en este rubro hubo más de 2.000 uniformados y jefes policiales investigados, ya que se analizó el entorno y la posibilidad de que tengan testaferros dentro de la fuerza.
De los 740 sumariados por enriquecimiento ilícito, 100 fueron denunciados a la Justicia y de este total hubo 9 acusados por lavado de activos ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
Números porteños
En la Policía de la Ciudad durante todo el año pasado -la fuerza se creó el 1 de enero de 2017- fueron investigados 702 efectivos, de los cuales 129 fueron separados del cargo por causas judiciales.
De todas maneras, el resto de los uniformados siguen siendo investigados y el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño que encabeza Martín Ocampo “brinda total colaboración a magistrados y fiscales para avanzar en las respectivas causas”.
Un cambio de paradigma vital con la Federal
En la Policía Federal, desde que Patricia Bullrich es la ministra y hasta el 30 de abril, hubo 4 efectivos exonerados, 52 cesanteados -es más grave que la exoneración y se le pueden reconocer algunos beneficios-, además de otros 256 pasados a disponibilidad, 130 a servicio pasivo -el escalón anterior al despido- y 11 suspensiones preventivas.
El avance en este tipo de cuestiones fue fundamental con la creación por iniciativa de Bullrich de la Dirección de Investigaciones Internas del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Carlos Manfroni.
Esta dirección se encarga de un control externo de la Policía Federal, que tiene su propia Superintendencia de Asuntos Internos, pero que antes diferentes hechos sospechosos requería de un área que esté manejada por la cartera de Seguridad, como ocurre en la Provincia y en la Ciudad.
En 2016 se registraron 27 cesantías entre suboficiales y agentes, 4 entre auxiliares de seguridad y defensa; una exoneración entre suboficiales y agentes; 37 pases a disponibilidad del personal superior y 27 de suboficiales y agentes; 29 a servicio pasivo entre el personal superior y 15 entre los suboficiales y agentes.
En 2017 hubo dos cesantías al personal superior, 13 a suboficiales y agentes y 6 a auxiliares de seguridad y defensa; una exoneración del personal superior y 2 entre suboficiales y agentes; 56 pases a disponibilidad del personal superior y 77 de suboficiales y agentes; 19 al servicio pasivo en el personal superior y 27 de suboficiales y agentes; y 11 suspensiones preventivas entre los auxiliares de seguridad y defensa.
Y en 2018, 45 pases a disponibilidad del personal superior y 14 entre suboficiales y agentes, mientras que con servicio pasivo fueron castigados 22 miembros del personal superior y 18 entre suboficiales y agentes.
Cuando un policía es pasado a disponibilidad se lo envía a su casa y cobra solo el sueldo básico, aunque esa situación, si resultara ser un malentendido, podrá revertirla y volver a trabajar sin problemas.
En cambio si su situación se complica, como puede ser ocurrir con una imputación o procesamiento tras una denuncia penal, pasará a servicio pasivo -le descuentan un 50 por ciento de ese básico y no puede ejercer la docencia en las instituciones de la fuerza si lo hacía- y quedará así a un escalón de ser exonerado.